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El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como “plusvalía municipal” es un impuesto directo, de devengo instantáneo, municipal y de establecimiento voluntario por los ayuntamientos, a quienes corresponde íntegramente su gestión. En principio, y sin perjuicio de lo que pudiera establecer la ordenanza fiscal que resultara de aplicación en función del ayuntamiento donde se ubique el inmueble, la normativa básica a nivel estatal es la prevista en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

 

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ARTICULOS 104 Y SIGUIENTES:

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t2.html#c2s3ss6

 

La plusvalía municipal es un tributo local, por tanto es competencia de cada ayuntamiento determinar el tipo de gravamen aplicable en cada caso.

 

Este impuesto sujeta a gravamen el incremento de valor experimentado – a lo largo de un período máximo de 20 años – por los terrenos de naturaleza urbana o por los terrenos integrados en los bienes inmuebles de características especiales (como son los aeropuertos, embalses, centrales eléctricas, etc.) a efectos, en ambos casos, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (independientemente de que estén o no contemplados como urbanos en el Catastro y en el Padrón del IBI), que se ponga de manifiesto como consecuencia de:

 

La transmisión de su propiedad por cualquier título, herencia o

compraventa o permuta.

            


¿SE PUEDE EXIGIR PLUSVALÍA MUNICIPAL CUANDO HA DISMINUIDO EL VALOR REAL DE LOS BIENES TRANSMITIDOS?

 

En la actualidad y debido a las condiciones existentes en el mercado inmobiliario, se puede dar el caso de que el precio de venta de una propiedad inmobiliaria esté por debajo del precio de adquisición o no muy por encima de éste.

 

Para el Ayuntamiento la base de este impuesto, es el incremento de valor experimentado por los terrenos de naturaleza urbana (I.I.V.T.N.U.), comúnmente llamado PLUSVALÍA.

 

 De forma que en la hipótesis de que no existiera tal incremento, no se generará el IMPUESTO, y ello pese al contenido de las reglas objetivas de cálculo de la cuota del artículo 107 L.H.L, pues al faltar un elemento esencial del hecho imponible (incremento del valor), no puede surgir la obligación tributaria.

 

El sistema nos permite probar ante la Administración que no hemos ganado dinero en la venta de un inmueble y por eso,  la aplicación de los métodos de cálculo por parte de la Administración lleva a resultados apartados de la realidad.

 

 Por otra parte, en relación con la fórmula contenida en el art. 107 LHL, la sentencia del tribunal Supremo de 22 de octubre de 1994  fue tajante al sostener que dicho artículo tenía carácter subsidiario, en defensa y garantía del contribuyente.

 

Podemos probar, de acuerdo con la previsión del art. 385 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la no obtención real de una plusvalía por la venta del inmueble, conllevaría la no sujeción al impuesto, fue también puesto de relieve por el  Tribunal Supremo declaró en  Sentencia de  29 de abril de 1996  y Tribunal Supremo en sentencia de fecha 22 de septiembre de 2001.

 

También la Sentencia del Trinunal Superior de Justicia de Cataluña, de 18 de julio de 2013, la que expone que los municipios no puedan cobrar el tributo de la plusvalía en caso de que no exista tal. Pues el magistrado expone que al faltar un elemento esencial del hecho imponible, como sería la obtención de una ganancia por la venta del inmueble, no puede surgir la obligación tributaria de pagar la plusvalía.

 

Últimamente se viene constatando un aumento de los pronunciamientos de los tribunales que estiman los recursos de los contribuyentes por cuestionar la sujeción de tributos en supuestos de pérdida de patrimonio

 

Los tribunales confirman la imposibilidad de gravar por parte del AYUNTAMIENTO, una riqueza imponible inexistente”. Esta situación entendemos que puede producirse cuando el transmitente pueda acreditar la generación de una pérdida de patrimonio con ocasión de la transmisión del terreno.  Resulta claro que para el Tribunal Supremo la inexistencia de incremento del valor excluye la aplicación del Impuesto de la plusvalía.

 

En resumen, el Ayuntamiento no puede tener una simple base en el  “método de cálculo” y en detrimento de la realidad económica, pues ello supondría desconocer los principios de equidad, justicia y capacidad económica.

 

Las mismas conclusiones han de aplicarse cuando si ha existido incremento de valor, pero la cuantía de éste es probadamente inferior a la resultante de la aplicación de dicho método de cálculo, al infringirse los mismos principios.

 

Estas conclusiones, ya sostenidas por diversos criterios doctrinales y pronunciamientos jurisprudenciales, han de considerarse incuestionables en el momento actual, a la vista de la realidad económica citada.

 

En RESUMEN: Cuando se acredite y pruebe que en el caso concreto no ha existido, en términos económicos y reales una ganancia patrimonial por la venta del inmueble, NO debería exigirse el pago de la plusvalía por parte del Ayuntamiento.

 Pero la realidad es que los Ayuntamientos siguen exigiendo dicho impuesto a pesar de que se venda el inmueble con pérdidas

 

 

 

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