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En general debemos decir aquí que una sentencia reciente del Tribunal Supremo Europeo, ha dictaminado que la ley de impuesto de sucesiones y donaciones para europeos, es discrimatorio y causa graves diferencias, por lo cual, todo aquel que haya RECIBIDO UNA HERENCIA O UNA DONACION, en los últimos 4 años, tiene derecho a pedir una devolución.

 

Si quiere saber más, aqui abajo tiene la noticia completa, si tiene algún familiar o amigo o ha sido usted mismo víctima de pagar este impuesto discrimatorio. AHORA TIENE LA POSIBILIDAD DE PEDIR SU DEVOLUCION.

 

El pasado 8 enero de 2014 quedó vista para Sentencia la demanda de la Comisión Europea contra España por discriminar a no residentes con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

 

La Comunidad Europea demandó a España mediante recurso (Asunto C-127/12), solicitando que se declarase que España había infringido los artículos 21 y 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea  y los artículos 28 y 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, por introducir normas discriminatorias en materia de Impuesto Sucesiones y Donaciones que disponen que los no residentes paguen impuestos más altos que los residentes en el país y en las CCAA.

 

Según el representante de la Comunidad Europea los artículos 32 y 48 de la Ley Española  22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, vulneran el Derecho de la UE porque, exclusivamente en relación con los residentes en España, ceden el Impuesto Sucesiones y Donaciones a las Comunidades Autónomas posibilitando la introducción de ventajas fiscales que se aplicarán sólo en función de la residencia del que fallece o del donatario, o del lugar de situación de los bienes, vulnerando así el principio de libre circulación de personas y de capitales, determinando así el derecho a elegir donde residir o como materializar su inversiones.

 

El recurso mantenía que si bien el artículo 65 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea permite a un Estado aplicar disposiciones que distingan entre contribuyentes cuya situación difiera con respecto a su lugar de residencia o con respecto a los lugares donde esté invertido su capital, eso es una excepción al artículo 63 (que garantiza la libre circulación de capitales) y que en el caso de España se discrimina a contribuyentes con situaciones objetivamente comparables, sin que concurran los requisitos de proporcionalidad y justificación.

 

En el citado recurso se ponen de manifiesto las grandes diferencias de tributación de entre las diferentes Comunidades Autónomas, igualmente  en la vista del 8 de enero, se hizo referencia al Auto de 8 de mayo de 2.013 del Tribunal Supremo que planteó cuestión de inconstitucionalidad contra la ley valenciana reguladora del Impuesto Sucesiones y Donaciones por discriminar a residentes de otras Comunidades, estando esa cuestión pendiente de resolver por el Tribunal Constitucional.

Nuestro Tribunal Supremo en su auto de 8 de mayo de 2013 el Tribunal Supremo planteo  inconstitucionalidad respecto del art. 12 bis de la Ley 13/1997 de la Comunidad Valenciana (Regulación del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos), que el Tribunal considera contrario a los arts. 14, 31.1 y 139.1 de la Constitución Española por una serie de razones tales como:

 

Que entre los sujetos pasivos del Impuesto de Sucesiones regulado en la Ley 13/1997, y en concreto respecto al beneficio fiscal regulado en el artículo puesto a debate, existe una situación de absoluta igualdad.

 

Que el tratamiento desigual en la bonificación fiscal que deriva del elemento de la residencia no responde a ningún fin constitucionalmente legítimo, y que por tanto, al introducir tal elemento diferencial en la regulación del beneficio, se vulneran los arts. 14 y 31.1 CE.

 

Que el tratamiento diferencial en la regulación del beneficio fiscal establecido en el artículo litigioso, basado exclusivamente en el elemento de la residencia en la Comunidad Autónoma, constituye un trato desigual entre españoles contrario a lo dispuesto en el art. 139.1 CE.

 

Existen antecedentes sobre el mismo problema en el Tribunal Europeo, el mismo caso se planteó en Alemania a raíz de un procedimiento judicial entre un nacional y residente fiscal de Suiza y la administración fiscal alemana. El tribunal Europeo en su Sentencia de 17 de octubre de 2013, resolvió la cuestión prejudicial planteada ante él, acerca de si la normativa fiscal alemana relativa al ISD debía considerarse opuesta a la Constitución Europea (CE), para el caso de adquisiciones mortis causa de bienes localizados en dicho estado miembro, al establecer aquella una reducción en la base imponible del ISD de los residentes fiscales alemanes mucho mayor que la permitida a los no residentes, provocando una inevitable disminución del valor de la herencia de estos últimos.

 

Pues bien, el TJUE en su sentencia de fecha 17 de octubre de 2013, y referente a la cuestión planteada por el no residente en Alemania, ha considerado que la normativa alemana analizada constituía una restricción al principio básico europeo de libre circulación de capitales del artículo 56.

 

La discriminación de hecho ya existe en todo el territorio nacional, ya que la diferencia de pago de impuestos en herencias y donaciones, varían enormemente de una CCAA a otra, ya que los números son claros, y las transmisiones patrimoniales, intervivos y mortis causa entre familiares, son prácticamente bonificadas en CCAA como Madrid, Castillla-La Mancha, mientras que en otras comunidades donde se aplica el tributo de la ley nacional por no haber ejercido la CCAA competencias las cuantías son muy elevadas.

 

A la vista de esta situación, hay que iniciar procedimientos de rectificación de declaraciones tributarias para solicitar la aplicación de las bonificaciones y reducciones autonómicas, (en aquellos casos en que la cantidad indebidamente ingresada y cuya devolución se solicita sea de una cuantía importante) sin perjuicio del largo proceso que tienen por delante, pero cuya petición podría encontrarse sobrevenida mente avalada por la Sentencia del TCE y la del Tribunal constitucional, ya que  Cabe esperar que los efectos de la sentencia del TJUE no sean restrictivos, sino que tenga un carácter retroactivo siendo aplicable a todas aquellas liquidaciones del ISD no prescritas.

 

 

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